El CO2 también es negocio (y opaco)
La compensación voluntaria de emisiones ya mueve más de 1.000 millones al año, a menudo sin garantías de que beneficie al medio ambiente
R. Méndez / 27-12-2007

Si compra un Volkswagen Polo Blue Motion, la empresa afirma que plantará 17 árboles en la Sierra de Segura y que estos absorberán tanto CO2 como el que emitirá el coche durante los primeros 50.000 kilómetros; la empresa Forlasa sostiene en su publicidad que compensa las emisiones de dióxido de carbono que genera su queso manchego; Liberty Seguros ofrece una póliza que por 20 euros más al año compensa las emisiones de CO2 de un coche; la cumbre de Bali generó tanto CO2 como un país del tercer mundo pero no pasa nada: Indonesia plantó a cambio miles de árboles.

En el último año empresas particulares, torneos y hasta automóviles se han apuntado a la compensación voluntaria de emisiones, un negocio que mueve unos 1.000 millones de euros al año, parte de ellos sin control, y que supone una especie de bula ecológica. No importa cuánto contamine uno siempre que luego pague por ello.

"Nos parece bien que muchas empresas y particulares asuman compromisos voluntarios de reducción de emisiones, pero la sociedad tiene derecho a saber cómo se está haciendo", explica el secretario general para el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri. Por eso, el Gobierno ultima un registro en el Observatorio de la Sostenibilidad del ministerio y la Universidad de Alcalá de Henares para que de forma medible, creíble y controlada se sepa cuántas emisiones reduce cada empresa de forma voluntaria. Para que exista un sello, al igual que para los alimentos ecológicos, que certifique que efectivamente se está reduciendo el CO2, principal responsable del cambio climático. Este dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, retiene parte del calor que emite la Tierra y calienta el planeta.

Alejandro López Cortijo, director para España de Ecosecurities, una multinacional dedicada a compensar las emisiones, explica el negocio: "Le decimos a las empresas y a los eventos cuánto CO2 emiten. Buscamos proyectos de energía limpia, como una central hidráulica en América Latina, los financiamos y ofrecemos las emisiones de CO2 que eso ahorra. Todo el proyecto está controlado por Naciones Unidas y por los Gobiernos afectados".

Ecosecurities tiene 140 millones de toneladas de CO2 en cartera, un tercio de lo que emite España al año. Creada en 1997, la empresa cotiza en bolsa y compensa las emisiones de Nike o de los condados de Klamath y Lake Counties, en Oregón. La firma, una de las mayores del negocio del CO2, nació al abrigo del Protocolo de Kioto. En 1997, el protocolo obligó a 36 países desarrollados a reducir sus emisiones un 5,2%. A los que no lograran sus objetivos, les permitió comprar de derechos de emisión e ideó los mecanismos de desarrollo limpio: inversión en tecnología limpia en países en desarrollo para descontarse esas emisiones evitadas en el país rico.

Este sistema movió 22.500 millones en 2006 y Naciones Unidas calcula que en 2012 habrá evitado la emisión de 2.600 millones de toneladas de CO2. España calcula que tendrá que invertir 3.000 millones en cupos de emisión y en mecanismos de desarrollo limpio para cumplir Kioto.

Conforme el cambio climático calaba en la conciencia y las empresas pugnaban por ponerse el sello verde, surgió el mercado voluntario de emisiones. Se trata de empresas, ONG, fundaciones que ofrecen la compensación de emisiones sin que estén obligadas.

La empresa Liberty seguros en España, por ejemplo, asegura que compensará las 4.853 toneladas de CO2 que emite al año por el consumo de electricidad, papel y desplazamientos. Liberty afirma que a través de la Fundación Ecología y Desarrollo plantará en tres años 240.000 árboles en Costa Rica que capturarán 37.600 toneladas de CO2.

Esa fundación es una de las más activas en España. Su volumen de negocio da idea de cómo ha evolucionado el mercado. En 2005 compensó 645 toneladas de CO2 y en 2007 multiplicará por 11 esa cifra, hasta las 7.515 toneladas. Esta fundación fue la elegida por Medio Ambiente para compensar las emisiones de las más de 40 personas que desplazó a la cumbre del clima de Bali. Lo hará construyendo una central minihidráulica en Sumatra (Indonesia).

López Cortijo afirma que en 2006 los mercados voluntarios movieron 300 millones de euros, cuatro veces más que el año anterior y cuatro veces menos que en 2007, por lo que ya supera los 1.000 millones. Un sector que multiplica por cuatro su negocio al año parece una burbuja.

Al calor del dinero han surgido empresas que sin control venden el sello verde. La estadounidense Planktos pretende fertilizar con 100 toneladas de hierro una zona muerta del Atlántico. Ese es el hierro que le falta al océano y, en teoría, al fertilizarlo permitirá el crecimiento masivo de plancton. Ese plancton, al igual que los árboles, absorbe CO2 al crecer y la empresa quiere vender los derechos de emisión.

"Pero muchos de esos sistemas no están certificados. Tu tonelada de CO2 vale algo si alguien confía en ti, pero nada si no eres serio. Y están proliferando firmas que ofrecen cupo de CO2 sin control", añade López Cortijo.

El precio de la compensación oscila entre los cuatro y los 20 euros por tonelada. Si alguien se las ofrece más baratas, desconfíe. Un viaje de dos personas de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York supone la emisión de 7,38 toneladas de CO2 más que lo que emite un chino medio al año. En la web Ceroco2 puede calcular sus emisiones, no sólo de los desplazamientos sino de su vida diaria. Cada vez que enciende la luz, la térmica en la que se genera la electricidad emite dióxido de carbono. Un español medio emite casi 10 toneladas de CO2 al año por lo que compensarlas costaría más de 40 euros por persona al año. Pero si se quiere compensar las emisiones con todas las garantías el precio se dispara, ya que la tonelada Gold Standar (el certificado más exigente) ronda los 17 euros.

Otro problema es que muchas de estas compensaciones se hacen mediante reforestación, que tiene dos pegas: que absorbe CO2, pero sólo hasta que arda el bosque. En ese momento, emite de golpe todo el dióxido de carbono. Y dos: que se paga ahora por lo que absorberá en las próximas décadas, pero no por lo que contamina ahora mismo. El efecto sobre el medio ambiente es, como mínimo, retrasado.

El sistema es éticamente discutible porque aunque compensar emisiones está bien, es mejor ahorrar. Si en vez de 15.000 personas, en Bali se hubiera reunido la mitad el resultado habría sido el mismo pero el derroche mucho menor. En el país asiático todo el mundo anunció que compensaría sus emisiones (incluso países enteros, como Costa Rica, Noruega o Nueva Zelanda, que anularían sus emisiones). Sólo el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se salió del guión: "Sé que muchos han venido aquí nadando o en velero, pero yo he venido en avión. Y lo he hecho porque creo que mi presencia aquí servirá de algo, que ayudará a reducir más emisiones que las pocas que originará con mi viaje".

Ignacio Jiménez, de Liberty Seguros, niega que su estrategia sea maquillaje verde: "Nos hemos comprometido a reducir un 6% el consumo de energía y a compensar las emisiones hasta de los 5.000 vuelos al año de nuestros empleados. No somos oportunistas, es que el desarrollo sostenible es rentable. Al ahorrar energía, ahorramos dinero".

El negocio del CO2 voluntario se suma al que ya afecta obligatoriamente a las eléctricas. Éstas recibieron gratis del Gobierno entre 2005 y 2007 derechos para emitir 85,4 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono. Esos derechos acabaron formando parte del precio de la electricidad y el Gobierno ha decidido restarlos de las cuentas del sector. Las eléctricas van a tener que devolver 1.200 millones por 2006 y 2007. La cuenta puede engordar aún más en 2008 ya que, según los cálculos de Industria, el sector eléctrico,-soliviantado como nunca- tendrá que descontar el próximo año otros 1.450 millones.

La sensación en el sector energético es que esto va en serio. Tras el ensayo pre-Kioto, desarrollado entre 2005 y 2007, llega la hora de la verdad. El valor de la tonelada de CO2 va a ser otro. En los últimos años, el mercado de compraventa de derechos se ha hundido. La tonelada de CO2 para las empresas está por los suelos. Vale céntimos de euro porque los derechos asignados en toda la UE hasta 2007 fueron excesivos. Con el exceso de oferta, los precios se fueron derrumbando desde los 30 euros de principios de 2006.

Pero las perspectivas, ahora que ha acabado el periodo de ensayo, son otras. Los derechos de emisión se han ajustado y el precio del CO2, según la mayor parte de los analistas, va a subir. Para el sector eléctrico español, frente a las asignaciones del periodo 2005-2007 (85,4 millones de toneladas) se han autorizado 54 millones de toneladas anuales en el periodo 2008-2012. El recorte se impulsa desde Bruselas y sobre esa base, las previsiones apuntan que costará entre 16 y 38 euros durante los próximos cuatro años.

Los expertos parecen estar de acuerdo en la importancia que tiene ya un nuevo coste, el de contaminar, que ha surgido como consecuencia de las nuevas necesidades del mundo desarrollado. Ya no es posible un desarrollo a toda costa, sino que la sociedad exige una apuesta clara por la sostenibilidad. Éste es el contexto. Pero en el mercado, especialmente en el nacional, hay una pugna para determinar quién paga y cuánto paga. Iberdrola, con una posición fuerte en las tecnologías menos contaminantes, ha criticado con fuerza el nuevo plan de asignaciones para los próximos cuatro años.

Según su análisis, la mayor parte de los derechos de emisión del sector eléctrico van a parar a las plantas de carbón ya amortizadas y más emisoras de gases. Además, el nuevo Plan, argumenta, otorga casi el 60% de los citados derechos a las centrales de carbón, que suponen solamente el 40% de la potencia térmica instalada en el sistema peninsular susceptible de recibir derechos de emisión.

Según la visión más crítica, el Gobierno ha perdido una oportunidad para primar las inversiones en la mejor tecnología de generación térmica para reducir las emisiones -los ciclos combinados-, lo que podría desincentivar la inversión en las nuevas plantas. El Ministerio de Industria recibe las críticas con resignación. El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, considera que se ha hecho lo mejor, dentro de lo posible y sin tentar a la suerte en Bruselas.

En el caso español, señala un alto cargo del Gobierno, los derechos de emisión "han sido la única forma justa de meter mano a las cuentas de resultados de las compañías" y rebajar el ingente déficit que soporta el sistema. Ese déficit -la diferencia entre lo que pagan los consumidores en el recibo de la luz y lo que le cuesta a las empresas producir a electricidad- podría superar a finales de 2008 los 12.000 millones. Es una cifra peligrosa y de pago aplazado. Las empresas tienen derecho a cobrarla y lo harán. Cifras al margen, el Gobierno ha aceptado la idea de que el sistema de reparto gratuito de derechos a las empresas ha sido un fracaso. Y a partir de 2012 se impondrá otro sistema: el de subasta.